La formación política denunció que estas entidades no solo no restringieron el acceso de los menores a estos espectáculos, sino que, por el contrario, los fomentaron con la organización de un “palco infantil”.

Según el Pacma, con ello se estaría infringiendo la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia de la Comunidad Valenciana, que prohíbe la asistencia de menores a “espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales”, así como su acceso a “recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos”.

Tras el archivo de la denuncia inicial, presentada ante la Agencia Valenciana de Seguridad, el Pacma recurrió el asunto a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública.

Sin embargo, ambos organismos de la Generalitat coincidieron en cuestionar, en sus respectivas resoluciones, que las corridas puedan ser consideradas espectáculos violentos, con lo que el Pacma ha decidido llevarlo a la vida judicial.

“Es ridículo pretender que las corridas de toros, cuya regulación prevé el uso de armas como puñales, arpones y espadas, con la finalidad de herir gravemente a un animal hasta causarle la muerte, pueda no ser considerado un espectáculo violento”, según Cristina García, abogada y vicepresidenta del Partido Animalista.

“TAPAR LOS OJOS”

García subrayó que el Pacma ha presentado imágenes de las corridas de toros denunciadas y que fueron publicadas en medios de comunicación. “Se podía observar, incluso, cómo las personas adultas que acompañaban a los niños, en determinados momentos, les llegan a tapar los ojos con las manos para evitar que vean las terribles escenas que se suceden en el ruedo”, indicó.

En su demanda, PACMA insiste en que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha manifestado “de manera reiterada” que la tauromaquia es “una actividad de la que es necesario proteger a la infancia”.

En 2018, entre las observaciones finales sobre los informes periódicos de España, ese Comité la incluyó en el apartado ‘Violencia contra los niños’, donde recomendó prohibir la participación de menores “como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.

“ABSURDO”

Según el equipo legal del Pacma, la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana establece en su preámbulo que debe ser interpretada conforme a la Convención de Derechos del Niño y a las recomendaciones del mencionado Comité, a la par que establece la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para proteger a los menores de “cualquier forma de violencia”. Esta norma prohíbe a los medios públicos autonómicos emitir imágenes de espectáculos que impliquen maltrato animal.

El Libro de Estilo de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación indica que, por respeto a la sensibilidad de las personas, sean adultas o infantes, no se retransmiten corridas de toros, por tratarse de espectáculos con “maltrato implícito”.

Sin embargo, el jefe del servicio de Espectáculos Públicos y el director general de Interior de la Generalitat han cuestionado que estas puedan ser consideradas como espectáculos violentos. “Nos encontramos con el absurdo de que, en la Comunidad Valenciana, se está protegiendo a los niños de ver las corridas por la tele, pero no de verlas en directo”, concluyó Eva Ramos, asesora jurídica del Pacma.