El citado atentado terrorista fue cometido por el sistema del coche bomba contra un convoy de la Guardia Civil que a la hora de la explosión hacía el relevo en la antigua prisión provincial de Málaga.

La onda expansiva, que no causó desgracias personales, provocónumerosos desperfectos en las viviendas cercanas y en los locales comerciales, lo que originó un total de 734 reclamaciones de ayuda.

Según el Partido Andalucista, el pasado mes de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía anunciaba la transferencia al Ayuntamiento de Málaga de 123.615.961 pesetas por parte de la Consejería de Obras Públicas, en concepto de subvención por la reparación de los daños.

Sin embargo, los nacionalistas denuncian que hasta ahora sólo se han reparado los daños n paredes y puertas de los inmuebles afectados, sin que los perjudicados hayan recibido compensación económica alguna por la pérdida de enseres.

Los propietarios de los negocios colindantes no han cobrado las reparaciones efectuadas por ellos mismos, ni las indemnizaciones por la pérdida de género. Estos comerciantes, según el PA, tuvieron que solicitar préstamos para hacer frente a los desperfectos, mientras que otros optaron por el cierre.

SOLICITARA LAS CUENTAS

El concejal nacionalista Federco Miró ha asegurado hoy en rueda de prensa que su grupo solicitará del Ayuntamiento "las cuentas, hasta la última peseta, del dinero que el Ayuntamiento se ha gastado para la reparación de los daños".

"Si el atentado hubiera sido en el País Vasco, todo se habría solucionado", dijo Federico Miró, quien criticó las promesas realizadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de una pronta recuperación de la normalidad en la zona. "Se le debería caer la cara de vergüenza", proclamó.

El Ayuntamiento de Málaga ha hecho público a primera hora de la tarde un comunicado en el que niega que haya percibido de la Junta de Andalucía la subvención por la valoración de los daños, aunque reconoce que "se ha fiscalizado el documento de orden de pago".