Según dijo López Riaño, la noticia de que el pazo Baión, propiedad de Oubiña, quedará administrado por la autoridad judicil sienta un precedente importante en la legislación española que puede servir en el futuro para proceder contra otros narcotráficantes.

En su opinión, el embargo mitiga la frustración que produjo en los ciudadanos la sentencia del Caso Nécora, que permitió condenar a Oubiña a doce años de cárcel por delito fiscal, pero que no permitió demostrar que se era la cabeza de una organización de narcotráficantes.

El responsable de la lucha contra la droga del Gobierno afirmó su "convencimiento rotundo" d que la justicia es eficaz y mencionó especialmente la positiva actividad de los jueces de la Audiencia Nacional que se dedican a estos casos.

"Hay que asumir la noticia con serenidad", dijo, "en espera de que llegue a buen puerto la intervención judicial. La lucha contra el narcotráfico se difícil y a veces la justicia no tiene la velocidad que nosotros deseamos pero es necesario creer en ella, porque hay jueces dispuestos a combatir el narcotráfico y es cuestión de esfuezo y de tesón".

López Riño explicó que a partir de ahora lo fundamental será decidir en el Parlamento cual debe ser el destino de las propiedad incautadas a los narcotraficantes.

Según el proyecto del Gobierno esos bienes se destinarán a financiar los planes de prevención y represión del tráfico de drogas, aspecto en el que cuenta con el apoyo de las asociaciones antidroga.

También destacó la necesidad de que todos los partidos políticos estén de acuerdo en defender la misma linea de lucha contra la droga y admitió que ste pacto se ha alcanzado con el PP, cuyos representantes "están comprometidos en la creación de un clima de consenso que haga posible la construcción de un edificio legislativo eficaz en la lucha contra el narcotráfico".