Se trata de la misma decisión que ayer adoptó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz respecto al primer edil de Lejona por mantener en la localidad vizcaína dos calles con nombre de terroristas. Sin embargo, contradice la orden de su compañero Fernando Grande-Marlaska en el caso de un parque infantil de Hernani.

Andreu explica en el auto que no admite a trámite la querella de Dignidad y Justicia al considerar "evidente" que la negativa del alcalde a cambiar el nombre de la calle "no puede ser calificado como constitutivo de ilícito penal".

Su rechazo está amparado en otra decisión similar adoptadapor la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que el 22 de mayo desestimó una denuncia de Dignidad y Justicia contra el alcalde de Amorebieta por contar en el municipio con una calle en homenaje a los etarras Juan Paredes Manot, alias "Txiki", y Ángel Otaegui.

Se da la circunstancia de que los dos terroristas dan nombre a una calle de Amorebieta y a una plaza de Etxebarri. Por eso, el juez Andreu entiende que los argumentos aplicados en el primer caso "son trasladables al presente supuesto" y archiva la denuncia.

Andreu critica, además, que Dignidad y Justicia recurra a una querella contra el alcalde para conseguir que cambie el nombre de una plaza, pues considera que utiliza la Audiencia Nacional "como caja de resonancia" para sus intereses cuando "existen vías en Derecho para dar una respuesta adecuada a las pretensiones de la parte".

Sin embargo, el auto del juez Andreu llega cuatro días después de que su compañero del Juzgado Central de Instrucción Número 3, Fernando Grande-Marlaska, ordenara a la Ertzaintza que retirase la placa de un parque infantil y el monolito que homenajean desde 1982 al etarra José Aristimuño, alias "Pana", en la localidad de Hernani, gobernada por Acción Nacionalista Vasca.

Grande-Marlaska también emplazó a la alcaldesa del municipio guipuzcoano, Marian Beitialarrangoitia, a eliminar las referencias a este terrorista de los callejeros municipales y le advirtió de que, en caso de oponerse, podría entenderse como un indicio racional de criminalidad.