En este sumario se investiga la relación de la ilegalizada formación "abertzale" con ETA y la presunta financiación de la citada banda terrorista a través de las "herriko tabernas". En el marco de este caso, el juez decidió el pasado 17 de enero suspender de nuevo las actividades del partido de Otegi por dos años más.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, según anunció el pasado viernes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pedirá el lunes el ingreso en prisión incondicional de Otegi.

Otegi no será el único que deberá declarar esta semana ante el juez Grande-Marlaska por los incidentes que generó la huelga de Batasuna.

Así, el miércoles, 15 de marzo, también deberá comparecer ante el juez Juan María Olano, portavoz de Askatasuna, sucesora de Gestoras Pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de ETA. Ambas fueron ilegalizadas por Baltasar Garzón en febrero de 2002 y a finales de 2001, respectivamente.

El día siguiente, 16 de marzo, están citados por los mismos hechos Rafael Díez Usabiaga, líder del sindicato LAB; Pernando Barrena y Juan José Petricorena, dirigentes de la ilegalizada Batasuna; así como Arantxa Zulueta, abogada del partido de Arnaldo Otegi.

JUICIO A OTEGI

Se da la circunstancia de que ese mismo día, Otegi será juzgado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal por un delito de enaltecimiento del terrorismo presuntamente cometido en el acto que se celebró en Arrigorriaga (Vizcaya) el 22 de diciembre de 2003 en homenaje al etarra José Miguel Beñarán Ordeñana, alias "Argala", que falleció en 1978.

Para el juez Grande-Marlaska, Otegi, Olano, Díez Usabiaga, Barrena, Petricorena, y Zulueta, son presuntos inductores de los incidentes que se produjeron en la jornada del jueves con motivo de la huelga de Batasuna.

Se trató de una huelga que, aunque no venía avalada por partido político legalmente constituido, sí "en cierta medida" estaba "auspiciada" por el sindicato LAB y fue anunciada por Otegi y Barrena, que pertenecen a una organización ilegalizada y cuyas actividades se encuentran suspendidas.

Según consta en el auto, el jueves se produjeron en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes, "una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas, etc., que han puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional".

Además, señala que la jornada del jueves fue denominada "huelga", "sin justificación conocida", y cuando su lema "Dispersión asesina", "no encaja suficientemente con los principios que de forma esencial deben regir la actuación de organización de tal naturaleza circunscritos esencialmente al ámbito político-económico en defensa de los derechos de los trabajadores".