Con estos argumentos, Úrculo cree que el Constitucional debe admitir a trámite el recurso de amparo que el Grupo Parlamentario Popular presentó contra la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto de Cataluña. Así consta en un informe que fue aprobado el pasado miércoles por la Junta de Fiscales del Constitucional por cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, y que se estudiará mañana por la Junta de Fiscales de Sala, convocada por el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con el fin de unificar criterios en torno al citado recurso de amparo del PP.

Para Ortiz Úrculo, la Mesa del Congreso de los Diuptados "podía y debía entrar liminarmente a comprobar tal circunstancias con objeto de claificar la propuesta y de admitirla a trámite por el procedmiento que le corresponde a su evidente naturaleza y no, por el contrario, tramitarla mecánicamente según el procedimiento elegido por sus promotores".

A su juicio, cuando la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite la propuesta de reforma estatutaria aprobada por el Parlamento de Cataluña por un procedimiento "manifiestamente no idóneo e improcedente" lesionó los derechos de los diputados del PP "al ejercicio, en toda su extensión, de su función legislativa parlamentaria". Úrculo, que fue fiscal General del Estado en la época del PP, será el encargado de defender mañana este informe, que se estudiará mañana junto al de la minoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Constitucional y al elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre el citado recurso del PP.

El informe de la minoría, que será expuesto mañana por el teniente fiscal del Constitucional, Olayo González Soler, sostiene que "la demanda de amparo no parece dirigirse contra una lesión constitucional (...) sino contra una eventual actividad de reforma subrepticia o fraudulenta de la Constitución, de modo que resultaría prematura".

TOTALMENTE LEGAL

Asimismo, afirma que las decisiones de la Mesa del Congreso impugnadas en amparo por el PP están fundadas en la ley y no lesionan derecho alguno de los diputados del grupo recurrente.

Por su parte, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado también defiende que el Tribunal Constitucional no debe admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el PP "por carecer manifiestamente de contenido constitucional".

Para la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, "si el Parlamento catalán remite al Congreso de los Diuptados una proposición de reforma del estatuto de Autonomía de Cataluña (estando como está legitimado para instar la reforma constitucional) es porque no ha querido proponer una reforma de la Constitución".

En su opinión, tramitar el nuevo Estatut como una reforma de la Constitución supondría imponer a la Mesa del Congreso de los Diputados la decisión de "variar la voluntad" del Parlamento catalán.

Es más, considera que podría generar una "recíproca lesión del derecho de los parlamentarios catalanes y de los diputados nacionales no pertenecientes al Grupo Popular a debatir y aprobar (...) la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, de prosperar, forzosamente acabará ajustándose a la Constitución o será declararada inconstitucional, pero nunca podrá modificar la propia Constitución".

Las discrepancias que mantienen los fiscales del Constitucional en torno al recurso del PP es lo que ha llevado a Conde-Pumpido a convocar la Junta de Fiscales de Sala, que es el máximo órgano de asistencia al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica.