Ortega mostró su desafección durante una entrevista en Servimedia donde comparó la corrupción con un “río” del que al final se puede coger “alguna de la basura que corre”, pero “desgraciadamente el vertedero sigue generando basura”.

Así lamentó que en España hay “contabilizados aproximadamente 600 procedimientos judiciales contundentes, importantes, en los que ha habido afectados políticos y han sido condenados por casos de corrupción”.

A su juicio, “la única forma de ponerle freno a la corrupción política” es “mediante unas reformas del Código Penal que de verdad hagan penas duras y que se cumplan”, de forma que cuando un cargo o funcionario “sepa que, ante un caso de corrupción, de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias” si es condenado, “va a pasar muchos años, pero muchos años en prisión y no le va a salvar ni una ley del indulto, ni una ley de amnistía, ni ningún beneficio penitenciario”. También dijo que se termina de lleno con la corrupción cuando una sabe que "meter la mano en la caja o el haber utilizado tus influencias políticas para enriquecer a propios o ajenos, trae consigo cinco, diez, quince o veinte años de prisión”.

A ese respecto, lamentó que en ocasiones los condenados “no devuelven el dinero” o “pasan dos días en la cárcel y cuando salen tienen una cuenta en Suiza con todo lo robado”, algo que “no genera el efecto disuasorio que debería generar, que es el de evitar que aquel que entra en la acción pública tenga siquiera la tentación de cometer un acto de corrupción”.

MEDINA Y LUCEÑO

Preguntado por el juicio a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por un presunto delito en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, replicó que está “siempre de acuerdo en que no haya ninguna traba a esas investigaciones” cuando sean para “depurar responsabilidades de presuntas irregularidades, que es como hay que hablar en un Estado de derecho”.

Asimismo, explicó que Vox “es el único partido que “se toma muy en serio lo de la división de poderes, el Estado de derecho y la independencia judicial” y “el único que no acepta este sistema de reparto del Consejo General del Poder Judicial, que lleva a su vez el reparto del nombramiento de las altas magistraturas del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Constitucional”.

Añadió que lo que piden desde Vox son “jueces y tribunales profesionales, con todos los medios y con absoluta imparcialidad”, algo que da la “tranquilidad” de que “se investigue” a “todos los que consideren que hay que investigar”, pero “con todas las garantías, sin injerencias políticas y que no se utilicen los procedimientos judiciales ni para acallar a la oposición en unos casos, ni para lograr la impunidad de los delincuentes en otro”.

"ESTADO TOTALITARIO"

En cualquier caso, cuestionó de qué sirve hablar de “jueces”, de “tribunales” y de que se sigan los procedimientos, si “luego llegan estas malditas leyes del indulto y de la amnistía y pasan por encima de todo, de todo el trabajo de los policías, de los investigadores, de los jueces y convierten en papel mojado esas sentencias”.

“Lo único que diferencia a un Estado totalitario de un Estado democrático, lo único que lo diferencia, es la independencia del Poder Judicial y que aquellos que incumplen la ley sepan que un órgano independiente les va a hacer pagar las consecuencias, pero cuando esos órganos tengan injerencias políticas y dependiendo del color político que seas, a ti te condeno y a ti te absuelvo, se acabó el Estado de derecho, se acabó la democracia, se acabó la libertad”, zanjó.