El manifiesto expresa la "sorpresa y desagrado" de los colectivos firmantes, entre ellos la Plataforma para la Defensa de la TV Pública, los sindicatos UGT y CCOO y el Observatorio Europeo de la Televisión Infantil (OETI), por la decisión del Gobierno de "romper de forma abrupta el consenso y unanimidad" que se alcanzó la pasada legislatura en torno al modelo mixto de financiación (publicidad y financiación pública) de la radiotelevisión estatal.

A juicio de estos colectivos, el fin último del Ejecutivo es claro, "beneficiar a los operadores de televisión privada", y el riesgo, de dimensiones importantes: "la amenaza de la estabilidad financiera de la corporación".

"Precisamente cuando la radio y la televisión de la nueva RTVE han recuperado buena parte de su credibilidad perdida; cuando empiezan a ser percibidas por los ciudadanos como independientes y profesionales en sus decisiones, y liderando las audiencias en nuestro país, el mismo Gobierno que ha propiciado este proceso, parece ahora propiciar su eliminación, amenazando su estabilidad financiera (y, por ende, su capacidad de cumplir la función de servicio público que le ha sido encomendada)", denuncia el texto.

Los firmantes recuerdan que buena parte de los que podrían compensar con sus aportaciones la reducción de ingresos comerciales (operadores de cable y de telecomunicaciones, la industria de las TIC’s) "se han apresurado ya a rechazar que se les obligue a tales aportaciones".

"Sólo las cadenas privadas callan, pensando en los ingresos adicionales que les aportaría la retirada de TVE en el reparto de la tarta publicitaria, aunque es dudoso que vayan a mantener esa inicial disposición en el futuro".

El manifiesto tampoco cree razonable que en momentos de crisis se subvencione con cargo de los Presupuestos Generales del Estado la inversión íntegra necesaria para el mantenimiento de la radio y la televisión públicas, y otras alternativas como el canon a los usuarios parecen definitivamente descartadas.