Las 13 organizaciones sociales, entre las que se encuentran Salud por Derecho, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la Plataforma de Infancia, Ecologistas en Acción, la campaña 'Clean Cities', Greenpeace o Ecodes, piden por carta al Gobierno que durante la Presidencia española tenga como prioridad la aprobación de esta directiva europea.

De hecho, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) está trabajando en una revisión de la directiva de la Unión Europea sobre calidad del aire.

En julio, el Parlamento emitirá un informe y a partir de ahí comenzarán las negociaciones entre los tres organismos europeos: la Comisión, el Parlamento y el Consejo.

Por ello, estas organizaciones se dirigen por carta a la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Sanidad, José Miñones, para solicitarles “liderazgo y acción política para impulsar esta nueva norma que debe estar alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los valores límites de calidad del aire y el cumplimiento por parte de los países en 2030”.

PERSONAS VULNERABLES

En la carta, las entidades recuerdan que el nivel de vulnerabilidad de las personas frente a la contaminación atmosférica “escapa al control individual, ya que evoluciona con la edad, el estado de salud, la situación socioeconómica y el lugar donde se vive, estudia o trabaja”.

Por ello, piden que la directiva establezca unos límites sobre la exposición a la contaminación que sean legalmente vinculantes y que permitan proteger, especialmente, a las poblaciones más vulnerables.

Del mismo modo, solicitan un aumento de las estaciones de control de la calidad del aire donde estén representadas las desigualdades sociales, un aumento de las sanciones en caso de incumplimiento, y más transparencia e información pública sobre la calidad del aire como medida de salud pública que ayude a prevenir y proteger a la población.

Asimismo, destacan que se trata de un “asunto urgente” y reclaman no desaprovechar este momento para “prevenir la muerte prematura de miles de personas, así como evitar la carga sanitaria que suponen las enfermedades crónicas —incluidas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, los ataques de asma, etc.— como consecuencia del aire que respiramos”.