Lo hicieron en un comunicado en el que reclamaron a todos los partidos políticos que “escuchen las demandas de la sociedad civil organizada y recojan las propuestas del documento base con el que han impulsado el pacto”.

Las entidades exigieron “una respuesta social y política frente a la violencia verbal contra los grupos en situación de vulnerabilidad”, por lo que confiaron en que el pacto incorpore “medidas de protección en el ámbito laboral”, “mejoras estadísticas y medición de los discursos de odio y sus efectos”, “formación y sensibilización a los operadores jurídicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, funcionariado educativo y personal general de la administración”, “control de la aplicación de las herramientas jurídicas para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad”, “evaluación y seguimiento del pacto” y “una adecuada coordinación de la acción para evitar cualquier retroceso en derechos humanos de los colectivos en situación de vulnerabilidad”.

El Pacto Social contra los Discursos de Odio está compuesto por la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+), Cesida, el Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Hogar Sí, Secretariado Gitano, CCOO, UGT, Chrysalis, Fundación Triángulo y Oxfam Intermón.