Lo hicieron en un documento firmado por los siguientes colectivos: Asociación Española de Enfermería en Adicciones, Asociación Madrileña de Salud Pública, Coordinadora Estatal de VIH y sida – Cesida, Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria y Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria.

Estas organizaciones expusieron que las administraciones públicas “tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho a la asistencia sanitaria de la manera más diligente posible, facilitando el cumplimiento de los requisitos básicos para acceder a la tarjeta sanitaria”.

Todo ello “sin que se produzcan dilaciones indebidas en el tiempo que atrasen el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de todas las condiciones de salud, en especial de aquellas que puedan tener una mayor repercusión en la salud pública por ser enfermedades infecciosas que pueden transmitirse a terceras personas”.

Entre estas enfermedades, recordaron estos colectivos, que son de declaración obligatoria por su impacto en la salud de la sociedad se encuentran la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual (ITS), y otras enfermedades infecto-transmisibles. En todas ellas el diagnóstico y el tratamiento temprano son imprescindibles para la salud del individuo y de la comunidad.

Por todo ello, reclamaron a las autoridades competentes que faciliten a las personas migrantes en situaciones irregular y a las personas solicitantes de protección internacional con enfermedades infecto-transmisibles el acceso a la asistencia sanitaria, reduciendo los requisitos burocráticos, agilizando la tramitación de las solicitudes y admitiendo diferentes documentos para probar la residencia efectiva en una determinada comunidad autónoma”.