Para el CERMI, los hechos denunciados, de comprobarse, suponen una lesión de los derechos humanos fundamentales que asisten a toda persona, con independencia de sus circunstancias, y una manifestación injustificada de discriminación por razón de discapacidad que prohíben taxativamente el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Contitución.

Asimismo, el Comité señala en un comunicado que "la conducta denunciada cobra mayor gravedad al haber sido cometida, presuntamente, por personas pertenecientes a un organismo público, como el Ente Público de RTVE, que tiene la obligación a tenor del artículo 49 de la Constitución y de la Ley 7/1982, de 13 de abril, de Integración Social del Minusválido de amparar a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos".

El CERMI, por su parte, examinará los hechos denunciados po si de los mismos pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad jurídica, emprendiendo en este caso las acciones legales oportunas.

En este sentido, indicó que la discriminación contra las personas con discapacidad es una situación frecuente "a la que han de enfrentarse día a día buena parte de los 3,5 millones de ciudadanos con discapacidad que viven en España, un 9 por ciento de la población".

Según una reciente encuesta realizada por el CERMI, el 64 por ciento de los ciudadanos con discapaciad se han sentido discriminados en alguna ocasión, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de este grupo social, que no cuenta con mecanismos legales suficientes para preservar los derechos que tienen reconocidos.

"Para poner fin a estos hechos", concluye el CERMI, "el movimiento social de la discapacidad demanda la aprobación de una Ley de No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad que introduzca en Epaña la dimensión de la no discriminación con arreglo a las orietaciones de la UE".