Así lo indicaron en un diálogo sobre ‘La asistencia personal: el camino hacia la desinstitucionalización’ organizado por Predif, junto a la agencia de noticias Servimedia, en el que participaron el presidente de esta plataforma, Francisco Sardón; la directora del Área de Autonomía Personal y Vida Independiente de Predif, Myriam Arnáiz y Raquel Alario, técnica del área de programas de la Federación Salud Mental Castilla y León.

Según Sardón, “la asistencia personal es la prestación que más sentido da a aquella parte de la ley que habla de promoción de la autonomía personal”. En su opinión, hasta el momento se ha hecho mucho hincapié en la atención a las personas dependientes, pero “apenas se ha avanzado en lo que a promoción de la autonomía se refiere”.

De hecho, “a día de hoy hay varias comunidades autónomas que han concedido exactamente cero prestaciones de asistencia personal”, denunció. "Hay otra que ha concedido una", prosiguió. Además, “existen algunas que ahora parece que empiezan”, como Madrid.

Otras regiones como Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Barcelona, dentro de Cataluña, son ejemplos de “administraciones que han escuchado a las entidades del Tercer Sector y que están haciendo las cosas bien”.

Sardón explicó que la falta de una regulación estatal provoca que aquellas administraciones autonómicas que no están interesadas en ofrecer esta prestación, “no destinan financiación” o imponen “tantas trabas y tantos requisitos” que, al final, “resulta imposible” para los potenciales usuarios acceder a ella.

Por este motivo, Predif nacional, sus asociaciones, algunas entidades de la Confederación Salud Mental España y otras organizaciones de personas con discapacidad ofrecen este servicio a través de programas piloto “con gran éxito” desde hace años.

“Esperamos que el Gobierno recoja toda nuestra experiencia y bagaje y lo plasme en la ley estatal”, recalcó Sardón, insistiendo en la necesidad de “acabar con estas desigualdades territoriales”.

RETORNO

Alario puso sobre la mesa otra ventaja de la promoción de la figura del asistente personal: su retorno social. Según un estudio realizado por la asociación Faema Salud Mental Ávila, por cada euro invertido en estos servicios, la sociedad recibía 3,59. “Los primeros beneficiados son las personas en situación de dependencia”, afirmó, pero “a continuación está la Administración General del Estado que ve como la gente sale del paro”.

Por otro lado, Sardón defendió que la nueva regulación estatal establezca una cuantía amplia para que las personas puedan disponer de un número de horas suficientes de asistencia personal y también que recoja las 50 horas de formación para los futuros asistentes personales.

Según Arnáiz, los futuros profesionales deben conocer el modelo de vida independiente, “interiorizar la capacidad de decidir de las personas con discapacidad” y familiarizarse con la Convención de Naciones unidas sobre sus derechos.

Sin embargo, “el grueso de la formación debe ofrecerla el propio usuario con discapacidad, que es quien conoce sus necesidades particulares”. “Cada persona tiene las suyas, en función de sus intereses y circunstancias”, comentó. Además, subrayó que la asistencia personal puede abarcar muy distintas tareas (acompañar, conducir, comunicar de forma verbal, escribir, leer, etc.) “por lo que se adapta a todas las discapacidades”.

LEY ESPECÍFICA

Arnáiz puso el ejemplo de los países escandinavos, de Reino Unido y Alemania, donde “la inversión es mucho mayor” y esta figura “está recogida en una ley específica”.

A su vez, Sardón destacó que en estos países, además de contar con una financiación mucho mayor, la normativa permite “gran libertad a la persona a la hora de decidir sus apoyos”.

“Las personas cambiamos a lo largo de la vida” y alguien que en una época demanda muchas horas de asistencia personal, "puede que cuando llegue a cierta edad precise cuidados a domicilio", tal y como explicó.

A su juicio, esta flexibilidad a la hora de elegir los apoyos resulta fundamental también para promover la autonomía de las personas y avanzar en la desinstitucionalización, junto con un impulso decidido a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad universal.