Así lo indicó en una entrevista a Servimedia el presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses en Cataluña, Amadou Bocar Sam, que participó en la jornada 'Miradas críticas sobre las políticas migratorias desde la sociedad civil europea', dedicada a analizar la implementación del PMM y que organizó en Madrid la Red española de la sociedad civil para el seguimiento del citado pacto.

En su opinión, uno de los mayores incumplimientos se debe a la ausencia de vías legales y seguras para migrar. Los países europeos, EEUU y otros Estados ricos “ni conceden visados, ni ofrecen fórmulas alternativas”. Como consecuencia, entre 2018 y 2022 más de 11.000 personas murieron en su intento de llegar a Europa, apuntó.

Otro de los incumplimientos denunciados durante la jornada tiene que ver con el acceso a servicios básicos como la salud, la educación, el empleo y la asistencia social. "La exigencia del empadronamiento impide estos derechos”, lamentó Sam, y “condena a los migrantes a la explotación laboral y a la exclusión”. Por este motivo, “nuestras organizaciones se han reunido con ayuntamientos catalanes, a fin de explicarles los problemas asociados” a la ausencia del padrón, declaró.

Criticó además que Europa y otras regiones “han orientado sus políticas migratorias hacia enfoques restrictivos y de seguridad, dando prioridad a la seguridad y al control fronterizo”. “Esta externalización de fronteras y acuerdos con terceros países que desatienden las obligaciones internacionales agravan la vulnerabilidad de las personas migrantes", por lo que las ONG participantes exigieron “aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración seguras y regular”.

También demandaron “un rechazo más contundente a la criminalización y a los discursos de odio contra las personas migrantes”, que contravienen la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

A su juicio, “estos discursos tienen graves consecuencias en las vidas de las personas migrantes, al incitar a actos discriminatorios contra ellas, y en la sociedad en su conjunto, porque promueven el racismo, la xenofobia y el odio hacia la diferencia”.

Por último, pidieron que los Estados reconozcan y apoyen activamente el trabajo de la sociedad civil, ya que son estas organizaciones las que actúan en primera línea, proporcionando asistencia y defendiendo los derechos de las personas migrantes.