Así lo denunciaron hoy varias asociaciones de taxistas que conforman el denominado "sector crítico" a la nueva normativa. El portavoz de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, señaló que el nuevo reglamento, en vigor desde el pasado día 5, "ha sido impuesto saltándose todos los trámites legales, la mesa de negociación y el Consejo Económico y Social".

Otros colectivos críticos, entre ellos Uniatramc-UGT-Madrid y Autónomos Unidos de la Gremial, defendieron a través de sus portavoces, Miguel Angel Mateos y Santiago Martín, respectivamente, la adjudicación de una única licencia por persona física, con el fin de "impedir la creación de flotas y de explotadores".

El reglamento establece la posibilidad de acumular un máximo de tres licencias por persona, con un tope del 10% de licencias acumulables, lo que, según la consejera, "supone velar por el trabajo de todas las familias que actualmente se dedican a este gremio y se imposibilita la entrada de grupos empresariales en este campo profesional"

Sin embargo, Julio Sanz afirmó que "el texto favorece a un 2% de ilegales que infringían la norma", un colectivo que, a juicio de la Federación Profesional del Taxi, ha "presionado" para modificar la legislación.

Respecto a los asalariados, el representante de Asalariados del Taxi de CCOO, Reyes Hurtado, calificó el derecho de tanteo que establece el nuevo reglamento, que da preferencia en la transferencia de las licencias a los empleados, como un "brindis al sol", ya que el profesional "nunca podrá pagar los más de 108.000 euros (18 millones de pesetas) que cuesta una licencia", aseguró.

De esta manera, declaró Hurtado, "cualquier persona podrá acceder a una licencia, sin ningún tipo de ventaja para los profesionales que lleven tiempo en el sector, con lo que la calidad del servicio público caerá irremediablemente".

Por su parte, la Confederación del Taxi de España informó a través de un comunicado que ha acordado recurrir el nuevo reglamento ante la vía judicial y administrativa, por considerar que vulnera los compromisos adquiridos por la consejera.

Respecto a las medidas de protesta, las organizaciones críticas con el nuevo reglamento anunciaron actuaciones legales y la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad, por considerar que la normativa "incumple los principios de igualdad".