También critican la transformación de ese organismo en Secretaría General de Salud Pública y Consumo, por entender que las cuestiones relacionadas con el consumo materia perderán protagonismo.

A su juicio, ese cambio es contradictorio con la política seguida por el Gobierno en Bruelas para que se revise el Tratado de Roma, a fin de potenciar la defensa de los intereses de los consumidores.

Las asociaciones de consumidores propugnan el mantenimiento de la Secretaría General de Consumo en su actual estructura, por considerarla necesaria en un momento en que España está a punto de integrarse en un mercado único de trescientos millones de consumidores.

"España, como otros países del sur de Europa", afirman, "se encuentra bastante distanciada de los países del norte en cuantola concienciación ciudadana y al desarrollo del movimiento consumerista, distanciamento que puede acrecentarse si la Administración no apoya y potencia esta política".