Además, han acordado dirigirse urgentemente al Defensor del Pueblo, Alvaro GilRobles, para solicitar su intervención cuando se violen e ignoren sus derechos constitucionales.

Estas son algunas de las conclusiones adoptadas en este Primer Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, cuya presidencia de honor ha ostentado la condesa de Barcelona, doña María de las Mercedes.

Los derechos constitucionales de los mayores fueron el objeto de la ponencia presentada por Federico Carlos Sainz de Robles, ex presidente del Consejo General del Poder Judicial, ante los más de 1.000 epresentantes de las doce organizaciones convocantes del encuentro, que están dispuestos a exigir de los poderes públicos la igualdad de los mayores respecto al resto de la población.

Según Sainz de Robles, el principio de igualdad "ha sido sistemáticamente conculcado en detrimento de los mayores, en temas como la jubilación, pensiones, Seguridad Social, vivienda, salud, ocio y cultura".

MAS DE 6 MILLONES

Las organizaciones convocantes, que representan los intereses de más de 6 millones de espaoles que superan los 65 años, han repasado los problemas que planteará a corto y medio plazo el envejecimiento creciente de la población en nuestro país, si no varía urgentemente el enfoque con el que se viene considerando tradicionalmente a las personas mayores.

"El bienestar de los ancianos está íntimamente ligado a su situación económica", afirmó el doctor Julio Rodríguez Villanueva en su ponencia sobre "Una sociedad de mayores. Problemas y soluciones.

Rodríguez destacó "la necesidad de revisa adecaudamente la cuantía de las pensiones, ya que el 73 por ciento de los pensionistas españoles cobran menos de 50.000 pesetas mensuales".

Los congresistas solicitarán a los poderes públicos la revisión del actual sistema de pensiones, para eliminar tanto los límites de las máximas como la discriminación existentes entre los propios pensionistas, muy especialmente en las que afectan a viudedad y pensionistas del Estado, con pensiones devengadas antes del 1 de enero de 1985.

También han reclamad la elaboración y puesta en marcha del Plan Gerontológico Nacional, con el fin de acabar con el déficit de servicios sociales destinados a los mayores.

Por lo que respecta al papel de la familia, las personas de la tercera edad reclaman del Estado y de la sociedad civil las ayudas económicas y sociales necesarias para que la familia cumpla su función de ser marco insustituible de convivencia.