COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) solicitó al Gobierno español que se oponga "rotundamente" a esta nueva regulación, ya que supondrá el arranque de 400.000 hectáreas de vid, la desaparición de 140.000 explotaciones, 30.000 puestos de trabajo, 160.000 jornales agrícolas y 800 puestos en las industrias vinícolas.

En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Atienza, ha declarado en reiteradas ocasiones que cnsidera dicha reforma "inaceptable". Atienza se reunirá con sus homólogos europeos en un Consejo de Agricultura 'informal' el próximo fin de semana en Grecia, en el que no habrá votaciones.

A juicio de COAG, la reforma de la OCM del vino "da lugar que la reglamentación española no sea homologable con el resto de Europa", ya que la norma nacional prohibe el riego y la chaptalización (añadir azúcar al vino), frente a esta regulación europea que lo acepta.

"La Comisión, de un modo inaceptable, ha opado por primar los intereses de los países del norte frente a los mediterráneos", aseguró la organización agraria, que añadió que no descarta movilizaciones.

Por su parte, la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) criticó al comisario europeo René Steichen, autor de la reforma, ante su "falta absoluta de voluntad política para ofrecer un documento consensuado que permita conjugar los intereses de los diversos países afectados".

UPA planteará a los viticultores de toda España que se movilicen contraesta propuesta en la próxima reunión de la Mesa Nacional del Vino.