Entre las organizaciones que hacen esta denuncia se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Izquierda Unida, SOS Racismo y la Asociación Contra la Tortura.

Este colectivo forma parte de la acción popular en la querella criminal interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta contra Luis Moro Díaz, delegado del Gobierno en Ceuta; Antonio Francia, consejero de Presidencia y Gobernación, y Angel Gómez, oficia jefe de la Policía Local, a quienes acusan de los delitos de detención ilegal y prevaricación.

Según la acción popular, "desde hace tiempo, y bajo las directrices de los querellados, la Policía Local de Ceuta, auxiliada por un grupo parapolicial denominado Agentes de Atención Directiva, viene practicando la sistemática detención y expulsión ilegal de menores de edad de origen magrebí que se hallan en situación de desamparo".

Estas organizaciones señalan que la Ley de Extranjería, la Ley de Proteción Jurídica del Menor y el Código Civil, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado español en relación con los derechos del niño, son vulnerados sistemáticamente por los querellados con la más absoluta impunidad, impidiendo la protección que la legislación les conoce de forma inexcusable.