Para los responsables de la OMC, "si algo ha demostrado claramente el denominado caso Leganés, sobre las presuntas sedaciones irregulares en enfermos terminales del Hospital Severo Ochoa, es el daño, quizás irreparable, que se puede causar a un grupo de profesionales cuando el proceso salta de los ámbitos profesional y jurídico al campo político y mediático".

Esa politización y explotación mediática, según la OMC, "ha ignorado un principio fundamental, protegido por la Constitución Española, como es el de la presunción de inocencia".

La OMC asegura que "es injusto y altamente perjudicial para el honor del médico afectado su separación cautelar del servicio, porque los daños que se le van a causar serán irreparables".