La OMC considera que el citado decreto no vulnera desde el punto de vista constitucional ningún derecho fundamental.

Lamenta la institución colegial en un comunicado que no se hayan recogido en el decreto las alegaciones presentadas por la institución, tal y como lo determinó el Consejo de Estado; sin embargo, "ello no permite encontrar suficiente base jurídica que fundamente la presentación de un recurso contencioso-administrativo, puesto que las omisiones reglamentarias, según sentencia y jurisprudencia del Tribunal Supremo, no constituyen motivo de nulidad", concluye en un comunicado la OMC.