Según informaron los opositores a la llamada "Y" vasca, el alcalde está a la espera del juicio, en el que la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación bajo la acusación de un delito de prevaricación y otro delito de desobediencia a la autoridad judicial, por el hecho de haber convocado dicha consulta.

La coordinadora entiende que este procesamiento constituye una "evidente vulneración de la libertad de acción política y persigue además una finalidad claramente antidemocrática: se trata de castigar la realización de consultas populares y de acallar las voces contrarias a este proyecto incrementando la presión punitiva hacia la oposición social y municipal al TAV".

Además, exige que las poblaciones afectadas por el paso del AVE tengan la plena capacidad de decisión sobre la infraestructura y sobre cualquier otro proyecto de "elevado impacto ecológico y social que vaya en contra de los intereses locales y colectivos".