Según señaló en rueda de prensa el portavoz de la UCE, Dacio Alonso, la denuncia se basa, entre otros argumentos, en que los centros continuaron realizando nuevos contratos y renovaciones de los existentes e los meses de junio y julio, cobrando siempre por adelantado, a sabiendas de que la grave crisis financiera que sufrían les obligaba a cerrar el negocio, lo que sucedió el 1 de agosto.

La organización de consumidores ha presentado asimismo una denuncia administrativa ante el Banco de España contra las cuatro entidades que financiaron los cursos de estas academias por actuar de mala fe y de forma temeraria.

Según la UCE, en el momento de la firma del contrato de enseñanza, que se celebraba en los ocales de Opening, no estaba presente ningún representante del banco ni se entregaba a los alumnos copia del contrato de crédito, indicando en la mayoría de los casos que las mensualidades se abonaban sin intereses, dando a entender que era un pago aplazado y no un préstamo.

Alonso añadió que los bancos eran conscientes de estas "prácticas engañosas" y de la grave situación económica de Opening, lo que confiere a su comportamiento el calificativo de "temerario" y "de mala fe".

DERECHO DE REVOCACION Las entidades Finanzia Banco de Crédito, Santander Central Hispano, Pastor Servicios Financieros y Eurocrédito E.F.C. habrían vulnerado, a jucio de la UCE, la Ley de Crédito al Consumo y la Ley 26/1991 de Contratos Celebrados Fuera de Establecimientos Mercantiles, aplicable a estos contratos en tanto que los préstamos se celebraron en la academia de idiomas y no en el banco, por no entregar al usuario un documento de revocación con el fin de que, en el plazo de 7 días, pueda rescindir el contrato, entr otros motivos.

Asimismo, Alonso calificó de "el más absoluto de los fracasos" los compromisos adquiridos por el Gobierno en este asunto y considera que "ha preferido sobreponer los intereses económicos de las entidades financieras a los intereses de los consumidores".

Prueba de ello es que el Ejecutivo no ha impedido que las entidades financieras ejecuten los préstamos no pagados y el Banco de España ha elaborado un informe "de escándalo" que "parece estar hecho por una de las entidades financieas implicadas", señaló el portavoz de la UCE.

Además, el Ejecutivo no ha remitido actuación alguna al Ministerio Fiscal ni tiene intención de acometer reformas legales hasta que se apruebe una directiva comunitaria sobre crédito al consumo que, en el mejor de los casos, entraría en vigor en 2005, según Alonso.

Y en cuanto a la alternativa de Wall Street Institute, presentada por la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, en el Congreso como la solución extrajudicial al problema, "tiene una capcidad de absorción muy limitada", apuntó la UCE.

FALLO ADMINISTRATIVO

Alonso subrayó que esta crisis demuestra que han fallado los mecanismos administrativos de defensa de los intereses de los usuarios y que, al final, todos los afectados están acudiendo a los tribunales, donde ya les han dado en varias ocasiones la razón.

Por ello, la UCE propuso hoy a la Comisión de Peticiones del Congreso reformar la Ley General de Consumidores y Usuarios para que en el artículo 10 bis se considere cláusula busiva (y por lo tanto prohibido) todo cobro anticipado en los contratos que no esté garantizado por un aval o un seguro para los casos de que la empresa quiebre o no pueda finalmente prestar el servicio o proporcionar el producto.

Asimismo, solicita que se modifique la Ley de Crédito al Consumo para que en cualquier contrato realizado con préstamo éste quede vinculado al cumplimiento del bien o servicio pactado, de forma que si el vendedor incumple el contrato el préstamo quede paralizado y la entida financiera devuelva al consumidor todo su dinero.

Por otro lado, la UCE solicitará una reunión urgente con el Defensor del Pueblo para que inste al Parlamento a una reforma en profundidad de la Ley General de Consumidores con el fin de incorporar al procedimiento administrativo sancionador la obligación de que el infractor repare el daño causado al consumidor.

De este modo, el consumidor o usuario no tendría que recurrir a un largo y costoso procedimiento judicial para obtener una incierta compesación, como sucede en la actualidad, lo que en la práctica supone para los agentes económicos una gran impunidad en sus relaciones con los clientes.