La ONU comenzó en septiembre de 2018 las negociaciones para alcanzar un nuevo tratado internacional sobre biodiversidad marina que proteja la vida en alta mar o aguas internacionales, con lo que se cerraría así una de las brechas jurídicas más importantes de los océanos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), calificada como la ‘Constitución de los océanos’ fue aprobada en 1982, pero no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción de nacional de los países, de manera que casi dos tercios de las aguas oceánicas están desprotegidas.

Según la Alianza de Alta Mar, formada por cerca de 40 ONG ecologistas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el océano es la mayor biosfera de la Tierra y un componente fundamental del sistema climático, en tanto que la alta mar presta servicios ecosistémicos esenciales para las zonas costeras y para el planeta en general.

El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales (es decir, alta mar) y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios, como la generación de oxígeno y la regulación del clima.

Tras más de un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG) de la ONU ha celebrado cuatro rondas de negociaciones desde 2018 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, conocidas comúnmente como alta mar.

QUINTA RONDA

La quinta ronda comenzó el pasado agosto y se reanudan este lunes, después de que la 15ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad -conocida como COP15- concluyera el pasado mes de diciembre en Montreal (Canadá) con el acuerdo de que "al menos un 30% de las áreas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas del mundo" -especialmente, las de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas- "se conserven y gestionen de manera efectiva".

“Los océanos sustentan toda la vida en la Tierra y su destino se va a decidir en estas negociaciones. La ciencia es clara: hay que proteger un 30% de los océanos para 2030: es el mínimo absoluto necesario para evitar una catástrofe. Es alentador constatar que todos los gobiernos adoptaron el ‘objetivo 30x30’ el año pasado, pero los grandes objetivos no significan nada sin acción”, apunta Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de la delegación de Greenpeace en Naciones Unidas.

Marcos añade al respecto: “Esta sesión especial, que tiene lugar después de paralizarse la última ronda de negociaciones, nos da esperanza. Si se acuerda un tratado ambicioso el 3 de marzo, se mantendrá vivo el 30x30. Los gobiernos deben comprometerse y cerrar un tratado fuerte pues ya estamos en tiempo de prórroga. Estas negociaciones son la última oportunidad para cumplir y los gobiernos no deben fallar”.

TEMAS PENDIENTES

Según la Alianza de Alta Mar, entre los asuntos clave que deben tratarse en la reunión se incluyen medidas para garantizar que el nuevo tratado pueda crear nuevas zonas marinas protegidas, salvaguardas para evitar daños derivados de actividades, normas para la toma de decisiones que eviten permitir que uno o dos países bloqueen los avances y temas de financiación y equidad relacionados con la creación de capacidades y el reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos.

Establecer una red mundial de áreas protegidas debería ser el objetivo principal del tratado, que permita proteger al menos el 30% de los océanos del mundo, según Greenpeace. La amenaza de la minería en aguas profundas se suma a las presiones a las que se enfrentan los océanos.

Además, esta organización apunta que “un tratado ambicioso debe ser capaz de establecer santuarios marinos totalmente protegidos en alta mar, libres de actividades como la pesca industrial destructiva y la minería en aguas profundas”.

Personas que trabajan en la pesca a pequeña escala y que conservan los océanos con sus actividades tradicionales exigen medidas para proteger los océanos, como la comunidad de Kayar (Senegal), que demanda a una fábrica de harina de pescado contaminante con el apoyo de Greenpeace.

“Es frustrante lo cerca que estuvimos de conseguir que este tratado se aprobara en agosto, en lo que se suponía iba a ser la ronda final de negociaciones. Con la agudización de las crisis del clima y la biodiversidad, no podemos permitirnos el lujo de perder tiempo para recuperar la salud de los océanos", indica Sarah Bevis, de la Alianza de Alta Mar.