Así lo aseguraron ambos organismos de la ONU en un informe de dos volúmenes titulado "Detención arbitraria en Afganistán: Un llamamiento a la acción", basado en más de 2.000 casos documentados.

El estudio subraya que muchos detenidos no tienen acceso a abogados, no pueden cuestionar la legalidad de sus detenciones ante un juez imparcial y no gozan de la presunción de inocencia antes de ser juzgados en un tribunal.

Este trabajo señala que las detenciones ilegales se fundamentan de una mala interpretación de la ley y del derecho, además de ser producto de procedimientos inadecuados y marcos legales inapropiados.

Además, indica que la corrupción, el abuso de poder y la falta de respeto a la ley por parte de las autoridades también conduce a numerosas detenciones ilegales.

El informe incluye recomendaciones, como reformas legales, desarrollo de códigos de conducta, mejora en la formación de los funcionarios y un mejor acceso de los detenidos a la representación legal.

La encargada de Derechos Humanos de Unama y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Afganistán, Norah Niland, explicó que una de las raíces del problema es la práctica histórica de ese país de presumir que la persona es culpable antes de que se pruebe su inocencia.

"Hay un problema de actitud. Cada afgano tiene derecho a la justicia y la dignidad. Velar por la legalidad de todas las detenciones es fundamental para infundir confianza en el poder judicial y en las instituciones gubernamentales, así como en la promoción del imperio de la ley", apostilló.