Así se lo trasladaron al Ministerio en un documento con propuestas de modificación concretas al Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad de los menores no acompañados, que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública.

En este documento, las organizaciones valoraron de forma positiva algunos avances relevantes del texto sometido a consulta, como la configuración del procedimiento judicial en la jurisdicción civil; la garantía del principio de presunción de minoría de edad en tanto se determina la edad y de la asistencia letrada; el carácter holístico de las pruebas; o la prohibición de desnudos integrales, exploraciones genitales y otras pruebas médicas invasivas.

Sin embargo, consideraron que determinadas cuestiones del Anteproyecto deberían ser modificadas para respetar plenamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que han insistido en las deficiencias que presentan las diferentes pruebas diagnósticas de evaluación de la edad, especialmente las pruebas radiológicas, que recomendaron evitar "por su imprecisión al presentar amplios márgenes de error y poca fiabilidad".

Según dichas instituciones, debe prevalecer la documentación de los países de origen de los niños y niñas a la hora de determinar su edad, demanda que las ONG quieren que se recoja en la futura norma.