En un comunicado, el Gobierno de Cataluña se opone a esta medida porque afectará de manera directa a numerosas ONG que prestan sus servicios en esta comunidad.

Así, las ayudas totales que las organizaciones no lucrativas percibieron el pasado año a través de la casilla de otros fines sociales en la declaración de la renta superaron los 12 millones de euros, de los cuales algo más de 8 correspondieron a ONG de ámbito estatal.

"La consecuencia directa de esta medida supondría la supresión de muchos programas de ámbito catalán o local y perjudicaría a un gran número de beneficiarios de estos programas", indica el comunicado.

Según un informe del departamento de Bienestar Social y Familia, si la distribución de este dinero se hiciese de forma ajustada a la recaudación, las ONG catalanas deberían haber recibido en el 2004 cerca de 50 millones de euros, cuando las subvenciones apenas rebasaron los 12 millones.