Las organizaciones acusan a Malta de "violar el principio de no devolución y de retrasar además los salvamentos" en su zona SAR.

MSF precisó que en el momento del rescate (el 23 de septiembre), "los náufragos llevaban ya cuatro días en el mar, con malas condiciones meteorológicas y escasez de alimentos y agua". "Según los convenios marítimos, el Centro de Coordinación de Rescates maltés es el organismo legalmente responsable de coordinar estas operaciones en su zona SAR", y subrayó que "Malta dio instrucciones a los buques mercantes que se encontraban en las inmediaciones de la embarcación en peligro para que continuaran su travesía o, simplemente, se mantuvieran a la espera, lo que retrasó enormemente el rescate".

A su juicio, "la falta de indicaciones claras y las demoras innecesarias en la coordinación de las operaciones de rescate pusieron deliberadamente en peligro la vida de las 23 personas a bordo".

Según MSF, "una práctica habitual de las autoridades maltesas es evitar participar en operaciones de rescate e impedir las llegadas a su propio país", como han documentado en numerosas ocasiones las organizaciones que participan en acciones de rescate en el Mediterráneo Central.

"En este caso, el CCR maltés también evitó cooperar con los buques de las ONG para garantizar que las operaciones de salvamento se llevaran a cabo lo más rápido posible", afirmó.

Tras el rescate, las organizaciones sostienen que las autoridades de Malta ordenaron al carguero de bandera panameña Shimanami Queen "aplicar las políticas migratorias hostiles de la UE".