"La ONCE", explicó, "está en contacto permanente con el Gobierno y con los ministros que tienen que ver con el tema del juego ilegal. Siempre ha habido buena receptividad por parte del Ejecutivo, pero lo que les pedimos es que actúen contra él".

Según la ONCE, el juego ilegal mueve al año más de 40.000 millones de pesetas en España y emplea a unas 4.000 personas, de as cuales 1.700 son discapacitadas.

Por su parte, el vicepresidente primero de la organización, Mario Loreto Sanz, afirmó que "el juego ilegal no beneficia a nadie, ni a los ciudadanos, que no saben si cobrarán o no su premio, ni a los discapacitados a los que da trabajo, a los que están explotando".