Arroyo, que hizo esta petición durante su comparecencia en la subcomisión que estudia la situación de la discapacidad, comentó que "el juego ilegal afecta desigualmnte a las comunidades autónomas. Hay comunidades en las que tiene una aceptación muy pequeña y hay otras como Cantabria, Canarias y Murcia en las que tienen un aceptación muy grande".

A su juicio, el mercado del juego en España "está saturado y cualquier especulación sobre nuevos juegos o, sobre todo, sobre juegos compulsivos o videoloterías, desequilibraría por completo el mercado".

José María Arroyo indicó a Servimedia que durante su comparecencia explicó a los diputados la situación actual de a ONCE, su historia, su futuro y sus relaciones con otras asociaciones de discapacitados.

Sobre la venta del cupón, Arroyo explicó que "si hay límites y no se pueden sobrepasar, la ONCE debería tener libertad para moverse dentro de esos límites, ya que no hay que olvidar que los servicios que presta la ONCE, según nuestros cálculos, si los prestase la administración supondría un costo de 400.000 millones de pesetas".

Finalmente, señaló que la ONCE ha planteado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sciales una serie de medidas incentivadoras del empleo para discapacitados. Además, se mostró partidario de reformar la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), texto que fue aprobado en 1982.

CERMIS AUTONOMICOS

Por su parte, Andrés Ramos Vázquez, vicepresidente de la ONCE y del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), comentó a los diputados la importancia de la creación de Cermis autonómicos tras la transferencia de competencias sociales a los gobiernos regionales.

E su opinión, "los Cermis autonómicos representan a los discapacitados de cada comunidad autónoma y velan porque cada día haya políticas más favorecedoras de la normalización social de la discapacidad".

También valoró positivamente la interlocución que se está dando entre los gobiernos autonómicos, los agentes sociales -empresarios y sindicatos- y los Cermis autonómicos.

El vicepresidente de la ONCE hizo llegar a los parlamentarios varias reflexiones, entre ellas, la importancia de que exista una ayor intercomunicación entre todas las autonomías en cuanto a las medidas que adoptan en favor de las personas con discapacidad.

Otra reflexión es la de "intentar que hayan las menos diferencias posibles entre las personas con discapacidad en función de donde se nazca. Hay que intentar que haya más atención social a la discapacidad en las comunidades, pero hay que intentar asegurar unos mínimos".

En este sentido, aseguró que la revisión de la LISMI "debe garantizar una mínima atención social a la personas con discapacidad, lo cual no significa que limitemos por arriba, sino que intentemos subir por abajo".

Finalmente, destacó que el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebrará en 2003, "es una buena oportunidad para que seamos capaces de ofrecer más soluciones a los problemas de los discapacitados e intentar que ese cúmulo de actividades preparadas se traduzcan en algo positivo a medio plazo".

ACCESIBILIDAD

Por su parte, Miguel Pereyra, director de Accesibilidad de laFundación ONCE, indicó a Servimedia que en su comparecencia en esta subcomisión sugirió a los diputados la necesidad de abordar la accesibilidad en varios campos: urbanístico, arquitectónico, transporte, comunicación sensorial y nuevas tecnologías.

Pereyra pidió a los diputados que el Plan Nacional de Accesibilidad, que quedó pendiente en la pasada legislatura, "no se retrase más", y que se redacten unas normas técnicas consensuadas en un código de accesibilidad para todas las comunidades autónomas. Asimismo, propuso a los parlamentarios la conveniencia de incluir en las Escuelas Técnicas Medias y Superiores de España una asignatura sobre la accesibilidad y el diseño para todos.

Otra sugerencia de Pereyra ha sido la necesidad de dar soluciones a las personas dependientes desde los servicios públicos. "No es una cuestión económica, sino una cuestión de servicios", recalcó.