En un acto celebrado esta mañana en el Vestíbulo de Isabel II del Palacio de la Cámara Baja, Carballeda destacó la importancia que la invención del braille ha tenido para la comunicación de las personas con discapacidad visual.

Por su parte, el secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo leyó el artículo 1 de la citada convención, que establece el propósito de la misma de "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

"Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás", añade la citada convención.

Al acto asistieron también el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno.

Según explicó hoy el gabinete de comunicación de la ONCE, la visita a Bono se enmarca dentro de los actos que, durante 2009, está celebrando la citada organización con motivo del 200 aniversario de Louis Braille, inventor del sistema de lectoescritura.

ERA DEL CONOCIMIENTO

Para la ONCE, este sistema, basado en la combinación de seis puntos en relieve, revolucionó la vida de millones de personas ciegas, "a quienes sacó de la prehistoria en pleno siglo XIX y les situó a las puertas de la era del conocimiento y de la sociedad de la información".

Asimismo, explicaron que uno de los objetivos de la ONCE es que este texto en Braille forme parte de los documentos esenciales del Congreso de los Diputados y de otros organismos.

A juicio de esta organización, es necesario consolidar como un elemento más de normalización de las personas con discapacidad en el acceso a la información, la cultura, la vida cotidiana y, en este caso, se sume a los textos que velan por el cumplimiento de sus derechos.

Esta Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y obliga a los países que la ratifican, entre los que España ha sido de los primeros, a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos, actualizando la legislación y adaptándola a las nuevas directrices.