En el "caso Oñaederra" se juzga los asesinatos, reivindicados por los GAL, de Ramón Oñaederra, Angel Gurmindo Lizarraga, Vicente Perurena y los hermanos Christian y Claude Olazcoaga, todos ellos cometidos en el sur de Francia, y por los que están imputados actualmente 2personas, entre ellos Rafael Vera, Luis Roldán y los generales Emilio Alonso Manglano y Enrique Rodríguez Galindo.

Rubira, en un informe de 15 folios, considera que, en este punto de la investigación "se puede apreciar la prescripción" del delito de pertenencia a banda armada para los generales Andrés Casinello y Emilio Alonso Manglano, al igual que para el resto de guardias civiles imputados, ya que este delito se empezó a investigar cuando habían transcurrido más de 10 años de su supuesta comisión. Además, el fiscal duda de la capacidad de la justicia española para juzgar los delitos de asesinato cometidos en el sur de Francia, máxime cuando "las autoridades francesas tendrían que haber denunciado los hechos, y hasta el día de hoy no hay constancia de tal denuncia".

Duda también de la fiabilidad de las declaraciones de algunos de los imputados: califica de "espurias" las afirmaciones del ex miembro del Cesid Juan Alberto Perote, tacha de "simples conjeturas" la versión ofrecida por Luis Rolán y asegura que las declaraciones del policía José María Vázquez Soriano "no tienen ningún valor probatorio", ya que en ocasiones anteriores, quedó acreditado que este policía aceptó dinero por declarar.

Por ello, insta a Baltasar Garzón, instructor del "caso Oñaederra" para que "alce las medidas cautelares adoptadas" y no dicte auto de procesamiento contra ninguno de los imputados en este sumario.