Sus principales funciones serán informar y atender al consumidor de productos energéticos; resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes; informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios de productos energéticos y, en su caso, proponer las mejoras regulatorias que eviten que estas situaciones se reproduzcan.

La Oficina servirá para mejorar la protección de los derechos de los consumidores frente a las compañías encargadas del suministro de energía y pretende contribuir a mejorar la calidad del servicio que prestan, lo que según el Ministerio de Industria "redundará en una mayor competencia en el sector energético". Su formato y contenidos están inspirados en la británica "Energywatch".

Según los plazos previstos, la nueva entidad comenzará a funcionar antes del próximo mes de julio de 2009, fecha en la que está previsto que entren en vigor las tarifas eléctricas de último recurso que sustituirán a las actuales tarifas integrales.

La transición desde un modelo regulado a otro liberalizado, impuesto por la normativa comunitaria y española, hace necesaria la creación y puesta en marcha de un órgano público de información, atención y arbitraje que actúe con plena eficacia desde el comienzo del nuevo marco normativo.

La Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos dependerá de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y "no supondrá un coste presupuestario adicional".

Anteriormente fue creada la Oficina de Cambio de Suministrador, también con vistas a la liberalización de los mercados energéticos.