Según la ODS, con esta decisión se pone de manifiesto la "opacidad y falta de garantías" con las que actúa la justicia militar, "donde los jueces son juez y parte" y en la que no se permite que la sociedad civil pueda realizar un seguimiento de los procesos militares.

Asimimo, la ODS señala que en el supuesto de que la justicia militar continúe con esta actitud "obstruccionista", acudirán al Tribunal Constitucional, a través de la vía del recurso de amparo, y a la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo.

"El ejercicio de la acción popular es la pieza clave de una justicia auténticamente democrática en el marco de un Estado de Derecho, cuyo ejercicio no puede ser impedido por ninguna jurisdicción especial, como es la militar", señala la ODS.