La OCU indicó que la ley nacional de 2005 es "ambigua" e incorpora excepciones que han posibilitado que varias comunidades autónomas desarrollaran la norma con diferentes criterios.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en contra de la ley estatal, permite la separación de las zonas de fumadores con sistemas no completamente cerrados o que en los centros de trabajo se pueda fumar en determinada zonas. Por esta razón, la OCU recurrió las normas madrileña y valenciana y solicitó su ilegalidad.

Para evitar esta dispersión legislativa, la OCU planteó al ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, que modifique "seriamente" la ley y establezca "claramente el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un aire libre de humo de tabaco en todos los espacios públicos cerrados".