En agosto de 2008, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley para la trasposición de la Directiva Europea de Retención de Datos. Esta norma busca combatir esta práctica, consistente en llamar a los hogares o a los móviles para anunciar ofertas y servicios no solicitados.

A través de esta iniciativa las asociaciones de consumidores podrían acudir a los tribunales contra estas llamadas que, además, suelen producirse en momentos de descanso, a primera hora de la tarde y por la noche, cuando los ciudadanos suelen llegar a casa.

Si bien se habló de que la ley estuviera aprobada antes de que acabara 2008, lleva meses en el trámite del Consejo de Estado, con lo que acumula un retraso de tres trimestres.

Por eso, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, explicó a Servimedia que "sería bueno que Jiménez, para comenzar su andadura, cambiara la dinámica" de su predecesor y diera prioridad a una de las principales reclamaciones de los consumidores, como es ésta.

En este sentido, incidió en las muchas quejas que el "spam" telefónico suscita entre los usuarios.