Seún la OCU, desde 1994 existe la obligatoriedad por ley de que tributen las pensiones de invalidez total y parcial, mientras que "las pensiones de invalidez absoluta sólo tributan si corresponden a funcionarios".

"Esta discriminación es", a juicio de la OCU, "contraria al principio de igualdad reconocido en la Constitución Española, y entiende por ello que los funcionarios afectados tienen derecho a reclamar que les devuelvan las retenciones que le vienen practicándo sobre su pensión".

Para hacerfrente a las quejas y reclamaciones de afectados, que la organización de consumidores cifra en unos 100.000, los responsables de la OCU han montado un dispositivo de atención, por el que proporcionará gratis un modelo de recurso económico-administrativo contra Hacienda, y que puede solicitarse en sus oficinas, tanto por telefóno como por escrito.