Según un comunicado remitido por esta organización, la OCU considera que "los hechos acaecidos no se pueden encuadrar dentro del concepto de huelga, ya que se ha planteado desde el más absoluto desprecio a la ley y a los usuarios y, además, buscando producir el mayor daño posible al mayor número de viajeros posible".

Además, con el objetivo de intentar que este tipo de sucesos no vuelva a repetirse en el futuro, la OCU se ha puesto en contacto con los Grupos Parlamentarios exigiendo la regulación del derecho de huelga en los términos recogidos en el artículo 28 de la Carta Magna.

"Los usuarios de servicios esenciales de la comunidad no pueden convertirse año tras año en los rehenes de los conflictos de determinados colectivos, que intentan conseguir satisfacer sus reivindicaciones laborales a costa de hacer el máximo daño posible a una gran parte de ciudadanos", prosigue el comunicado.

Por ello, la OCU considera urgente contemplar la limitación de este derecho de huelga para que no pueda ser ejercitado en momentos en los que la demanda de los servicios es mayor, como sucede en las épocas estivales.