Así lo reclamó en un comunicado en el que denunció que, aunque el reciente decreto anticrisis del Ejecutivo ha aprobado la prohibición de las comisiones por retirada de efectivo en caja a los mayores de 65 años y a quienes tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, las entidades bancarias “pueden seguir aplicándolas al resto de usuarios”.

La organización celebró la reciente medida aprobada por el Gobierno, pero advirtió de que es “insuficiente” y recordó que, desde hace años, viene defendiendo que la retirada de efectivo en oficina “debería considerarse un servicio financiero básico" y, como tal, "estar incluido en el servicio de caja y sin que se le puedan aplicar comisiones adicionales”.

“Los tribunales de justicia se han pronunciado en la misma línea y dicha comisión ya había sido declarada abusiva por la sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria de 13 de junio de 2022, que considera que la retirada de efectivo en ventanilla forma parte del servicio de caja, cuya contraprestación la constituye la comisión de mantenimiento”, agregó, para puntualizar que, de hecho, la nueva norma aprobada “reconoce" que las entidades "ya aplican dicha comisión, sin mencionar en ningún caso su abusividad”.

A este respecto, aseveró que la prohibición de cobro “exclusivamente” a colectivos “vulnerables” supone "reconocer implícitamente” la posibilidad de cobrar dicha comisión al resto de consumidores, “sin atender los argumentos de los tribunales para considerar la comisión abusiva”.

Por esta razón, urgió al Gobierno a prohibirlo “para todos los usuarios de banca”, si bien, “mientras tanto”, aconsejó a los clientes “afectados” que “valoren” la “posibilidad” de cambiar de entidad financiera.