Según una reciente encuesta que ha realizado la organización, 9 de cada diez consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. "A menudo, con reiteración: el 40% recibe más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas, pero también de telefonía. Motivo por el que ya se exigió a la Agencia de Protección de Datos que iniciara labores de control, vigilancia y, llegado el caso, impusiera sanciones ejemplares", remarcó.

Pero también "por la falta de transparencia en la información que se transmite a los consumidores". La misma encuesta de OCU reveló que "en muchos casos no se sabe quién está llamando: una de cada cinco llamadas incumple directamente la normativa, ya que el teleoperador no identificaba a la empresa para la que trabajaba". Además, es habitual que los comerciales argumenten "falsamente" que el usuario está pagando tarifas muy elevadas, que se las van a subir o que cambia la ley y le va a salir más cara. "Y dado que normalmente cuentan con sus datos personales, el relato resulta perfectamente verosímil", prosiguió la OCU.

Si además la atención posterior de la compañía no es la esperada, los abusos difícilmente se resuelven. Otra encuesta reciente de la organización destacó la "insatisfacción" de los usuarios con los Servicios de Atención al Cliente (SAC) de las compañías de gas y luz, pero también de los bancos, las empresas de seguros, y los operadores de telefonía. En concreto, el 39% de los usuarios de gas y el 32% de los de electricidad están insatisfechos con la atención al cliente de su compañía.

En este contexto, la OCU recordó que está pendiente desde 2023 la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, "otra normativa que contribuiría decisivamente a limitar los problemas detectados, sobre todo en relación a la resolución de los abusos detectados, ya que agiliza y facilita las reclamaciones".