Según informó hoy la OCU mediante una nota de prensa, el plazo de entrega de dicha documentación terminará el 20 de julio. OCU asegura que su compromiso, en el marco del acuerdo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), consiste en asesorar gratuitamente a cuantas personas han acudido a la asociación y poner en marcha las acciones que sean consideradas viables, tanto jurídica como económicamente. OCU pretende hacer esto "al menor coste posible para todos los afectados, contando para ello con las ayudas liberadas por el Gobierno".

Tres son las posibles acciones para cada una de las empresas: la vía penal, abierta ya por la Fiscalía de la Audiencia Nacional; la vía civil mercantil, a través del procedimiento concursal, que ya ha sido instado; y la vía contencioso-administrativa de reclamación de responsabilidad subsidiaria del Estado, todavía sin iniciarse.

De las tres, la OCU ha decidido actuar en las dos primeras. La tercera, no descartada, se encuentra en fase de estudio y, en todo caso, todavía su interposición es prematura.