Así lo precisó la OCU en un comunicado en el que consideró “injustificada” esta prohibición y lamentó que se vete también “cualquier salida y entrada fuera del recinto” hasta las 04.00 horas, con lo que, a su juicio, se “obliga a los asistentes a consumir dentro del recinto a precios más elevados”.

En paralelo, la asociación de consumidores denunció, por segundo año consecutivo, las “prácticas ilícitas” relacionadas con el método de pago en el festival, dado que no se permite efectivo, es obligatoria la recarga previa de una pulsera y juzgó “abusivos” los gastos de devolución.

Con respecto al pago a través de pulseras, subrayó que es necesario cargarlas telemáticamente de forma previa o hacer cola en los “dos únicos puntos de recarga situados dentro del recinto”, lo que, a su entender, “supone un peligroso riesgo de aglomeraciones”.

Asimismo, puntualizó que se aplica una comisión por transferencia bancaria de dos euros por la devolución del importe no consumido, que los usuarios verán descontado cuando reciben la devolución.

Tras indicar que el festival monegrino incluye entre sus condiciones “algunos de los abusos más frecuentes en los festivales veraniegos”, la organización lamentó que uno de los “eventos referentes” en la escena musical nacional “persista en la aplicación de prácticas contrarias a la normativa de consumo”.

Ante “cualquier situación abusiva o problema” con la organización de un festival, la OCU aconsejó a los consumidores que se dirijan al establecimiento o plataforma ‘online’ en la que adquirió la entrada para “intentar alcanzar una solución”. “Si la empresa no atiende la reclamación o no lo hace de manera satisfactoria, el consumidor puede acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de su municipio”, añadió, al tiempo que recordó la necesidad de conservar el justificante de compra de la entrada y “cualquier documento que acredite la reclamación" para que la misma "pueda prosperar”.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Un estudio reciente de la OCU sobre la legislación autonómica en torno a la regulación de acceso a espectáculos públicos con comida y bebida revela una “disparidad de medidas y de protección de los derechos de los consumidores”.

La OCU remitió a comienzos del mes de junio una consulta dirigida a las autoridades competentes en consumo de las 17 comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla, cuyo objetivo era “confirmar” la normativa autonómica en relación a la posibilidad de introducir comida y bebida del exterior en los espectáculos públicos.

La organización aseveró que este análisis pretendía, además, “dar respuesta” a las reclamaciones recibidas sobre “diferentes problemas” relacionados con los espectáculos públicos y explicó que, del total de autoridades de consumo que respondieron a la consulta, hay regiones como Cantabria, Canarias y Navarra, con una “restricción total y absoluta” a la introducción de comida y bebida del exterior.

“La mayoría de las comunidades autónomas encuadran esta cuestión dentro del derecho de admisión”, espetó la OCU, que también valoró la regulación del Principado de Asturias, que “garantiza” a los consumidores y usuarios “el derecho a elegir los productos que deseen consumir y dónde adquirirlos, siempre y cuando durante el espectáculo se permita el consumo de los mismos”.

En este contexto, la entidad exigió a las comunidades autónomas una legislación “favorable a los consumidores”, como la de Asturias, y solicitó la “modificación” del derecho de admisión en determinados “supuestos” así como que se permita a los consumidores “la salida y entrada temporal del espectáculo para poder consumir bebidas y alimentos donde consideren oportuno”.