En declaraciones a Servimedia, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, sostuvo que "si los bancos ya no avalan ni dan dinero a las compañías eléctricas, nos parece bien que ese aval lo dé el Gobierno".

"Pero que no nos pongan de excusa a los consumidores, ni nos usen como moneda de cambio", al esgrimir que la llamada "tarifa social" es el precio que tendrán que pagar las empresas del sector.

A juicio de Izverniceanu, esa tarifa no es justa, porque no está vinculada a la renta, sino al consumo. De este modo, "una familia con cuatro casas, podría acogerse a la tarifa social, ya que en tres de esas casas su consumo eléctrico sería mínimo. Sin embargo, una familia con menor renta, no podrá acogerse, ya que su consumo, por pequeño que sea, será superior al límite marcado", de 3 KW (kilovatios) de potencia contratada.

Por ello, la OCU demanda una electricidad "asequible para la mayoría", no una tarifa social "injusta" que calificó de "tomadura de pelo".

La potencia contratada por la mayoría de los hogares españoles es de 4,4 kW al mes. Según datos de la OCU, con esta potencia el consumo anual de un hogar ronda los 580 euros al año, es decir, los 48 euros al mes.

Un precio que si, a partir de ahora, se sube para poner fin al déficit y con la desaparición de la tarifa en julio, podrá "poner las cosas aún más difíciles" a los consumidores, en plena crisis.