En realidad, si el usuario envía ese mensaje se habrá suscrito sin saberlo a un sistema de envíos periódicos de SMS, cada uno de los cuáles tiene precisamente el precio de 23 céntimos. El problema es que una vez solicitado el envío no hay forma de detenerlo y desactivarlo.

La OCU entiende que estos servicios de "alerta" o recepción de mensajes de pago procedentes de terceros no pedidos deben ser expresamente autorizados por el cliente ante su operador, que es quien cobra. "Y más importante todavía, que el cliente pueda anular este tipo de servicio dirigiéndose directamente al operador móvil y no a la empresa que hace el servicio", señaló la organización.

Al tiempo que advierte de los riesgos de enviar este tipo de mensajes, la OCU insiste en la urgente necesidad de poner coto al descontrol que existe en el ámbito de los mensajes SMS de valor añadido (Premium) y, de manera especial, sobre los mensajes repetitivos que llegan a los terminales de los usuarios con un precio fijado.

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, manifestó que "es urgente una normativa realmente eficaz que regule no sólo las altas y, sobre todo, las bajas a estos servicios, sino también las relaciones entre los proveedores y los operadores con los usuarios".

Finalmente, ante los deseos de los tres operadores de telefonía móvil (Movistar, Vodafone y Amena) de autorregularse en este tema, la OCU recuerda el absoluto fracaso que ha supuesto el Código de Conducta en el sector de los teléfonos de valor añadido (803, 806 y 807), por lo que urge al Ministerio de Industria a que regule por ley el mercado de los SMS Premium.