Esta organización de consumidores recoge datos de la patronal de autobuses Fenebus, relativos a 1992, según los cuales ese año había unos 4.000 autobuses "piratas" en España que no cumplen lanormativa vigente en materia de seguridad y no tienen autorización para ofrecer este servicios.

La OCU recomienda a las Asociaciones de Padres de Alumnos (APAs) que exijan al centro o al transportista toda la documentación antes de permitir que sus hijos utilicen los servicios del transporte escolar. Esta asociación se muestra partidaria de obligar a los autocares destinados al transporte escolar a instalar cinturones de seguridad.

Según la OCU, no hay que olvidar, además, que con mucha frecuenci autobuses de viajeros que han quedado obsoletos pasan al transporte escolar urbano "por aquello de que los niños no protestan y, además, lo destrozan todo".

La OCU explica que los riesgos del transporte escolar, junto con las diferencias de precios que hay en los libros y material escolar obligatorio dependiendo de la editorial y aunque sean para el mismo curso, y la continua sustitución de libros de un año para otro son las principales quejas de los consumidores en este ámbito.

PASIVIDAD DE LAS AUORIDADES

Los responsables de la OCU denuncian la pasividad de las autoridades competentes en estas materias. Esta organización explica que el comienzo del nuevo curso escolar supone unos gastos importantes para muchos hogares, y reconoce que algunos de ellos son ineludibles, como son los libros y el material escolar, que en primaria y EGB representan un gasto medio de 14.000 o 15.000 pesetas por niño.

Sin embargo, denuncia las diferencias que existen en los precios de los libros y el material esclar dependiendo de la editorial, que pueden llegar a ser de más del doble siendo para el mismo curso.

La OCU reclama que, ya que los padres no deciden los libros que deben utilizar los niños, sino que lo impone el colegio, los libros de texto estén sometidos a un estricto régimen de precios autorizados.

Según la OCU, los consumidores también se quejan de la continua sustitución de los libros con el pretexto de que son obsoletos o están desfasados, lo que hace imposible que los libros sean aprovecados por varios hermanos.

Critica que, aunque la ley establece un plazo mínimo de vigencia de cuatro años, deja la puerta abierta a cambios por "razones plenamente justificadas", por lo que pide un mayor control en este sentido.