Las ocho asociaciones que integran el citado Consejo son Movimiento contra a Intolerancia, Asociación pro Derechos de las Víctimas de la Violencia (Eskabide), Plataforma de Apoyo a Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la Violencia, Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica, Asociación Cultural para la Prevención de la Violencia Familiar y Doméstica, Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales, Asociación de Mujeres Violadas y la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos.

El Consejo recién contituido denunció enrueda de prensa que "las víctimas no sólo se hayan abandonadas y desprotegidas por los poderes públicos, sino que los actuales sistemas judicial, resarcitorio y asistencial son de una imperfección tal que apartan más a la víctima de la Justicia, de percibir una indemnización íntegra y de reintegrarse en la sociedad".

En opinión de Esteban Ibarra, representante del Movimiento contra la Intolerancia, la víctimas de delitos violentos padecen una situación abandono social porque "son notorias sólo en el mmento del suceso, pero a partir de ahí la víctima padece una falta de apoyo psicológico, falta de información en los procesos judiciales y enormes presiones".

En consecuecia, Ibarra opina que el delincuente tiene muchos más derechos, garantías y medios que las víctimas, "cuyos derechos no son defendidos con la premura y la intensidad que merecen", por falta de asistencia letrada gratuita y por los obstáculos burocráticos.

Ibarra informó de que el Consejo de Víctimas de la Violencia nace con una srie de objetivos como son la reclamación de mayor atención a la víctimas y sus familiares por parte de los poderes públicos, mayores garantías procesales, y la asunción de responsablidades por parte del Estado "mejorando coberturas indemnizatorias con respecto a las víctimas del delito violento".

Además, Ibarra señaló que el nuevo Consejo reclamará al Congreso una Ley de Derechos de las Víctimas y plantearán al Gobierno una política integral de prevención de la violencia.

Isabel Dávila, miembro d la Asociación pro Derechos de las Víctimas de la Violencia, recordó que, detrás de los actos violentos, "hay unas familias destrozadas a nivel emocional familiar y económico", que en muchas ocasiones abandonan los procesos por falta de dinero.