En la operación han participado funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional y de Europol.

Tras 53 registros simultáneos en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y Santander, las pesquisas han permitido concluir que la banda era una de las mayores organizaciones criminales conocidas hasta la fecha dedicadas a esta modalidad delictiva.

Los investigadores calculan que habrían estafado a más de mil víctimas en todo el mundo, principalmente a personas de edad con residencia en Estados Unidos.

El núcleo directivo de la organización estaba asentado en las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada, con ramificaciones en todo el territorio nacional, en Reino Unido, México y Estados Unidos.

En la operación han colaborado el Servicio de Inspección Postal de EEUU, el Department of Homeland Security norteamericano, la Policía Judiciaria portuguesa y la National Crime Agency británica.

DINERO OCULTO EN REVISTAS

La investigación se inició a finales del año 2019, cuando los agentes detectaron paquetería procedente de Estados Unidos con elevadas cantidades de dinero ocultos en el interior de revistas.

Poco después, y fruto de la colaboración internacional de autoridades fiscales y policiales de los países afectados, descubrieron que se encontraban ante una organización criminal dedicada a estafar mediante la modalidad conocida como 'cartas nigerianas' y cuyo núcleo directivo se encontraba en la Comunidad de Madrid.

El ‘modus operandi’ consistía en encargar a una copistería de Fuenlabrada la impresión masiva de las cartas simulando premios de lotería o de otro tipo, así como herencias de familiares no reclamadas. Se imprimían de dos maneras, bien con el nombre y apellidos de las víctimas o de manera generalizada. Después adquirirían las etiquetas individualizadas con los datos personales y dirección para colocarlas en los sobres.

Posteriormente, se trasladaban a Portugal con enormes maletas, en turismo particular o en autobuses dedicados al transporte público por carretera, para enviarlas de manera masiva, puesto que el coste del servicio era inferior al ofrecido por las empresas españolas. Los investigadores calcularon que el gasto aproximado en todas las cartas enviadas podría ascender a medio millón de euros.

'CALL CENTER'

Las víctimas, siempre personas de edad avanzada y jubiladas, contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas y les realizaban un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo, engañándolas hasta que creían que habían sido las agraciadas. Les trasladaban que para reclamar el premio debían abonar una cantidad inicial en concepto de tasas e impuestos burocráticos, llegando los afectados a desembolsar entre 1.000 y 30.000 euros.

La organización tenía un sistema de ocultación del beneficio consistente en ordenar a sus víctimas que remitiesen el supuesto pago de las tasas mediante transferencia a otra posible víctima. A esta le hacían creer que se le prestaba para que pudiera completar su pago. Así, extraía el dinero prestado y, junto a lo que ella podía reunir, lo enviaba en metálico a un tercero, también víctima, que lo remitía a su vez a un miembro de la organización en España, siendo éste el destinatario final.

El dinero iba oculto en revistas o catálogos que fueron interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, gracias a sus controles y alertas de movimientos de la paquetería en las aduanas.

Una vez tenían en su poder el dinero, lo enviaban a su país de origen a través de personas del entramado dedicadas a viajar, conocidas como ‘mulas’, escondiéndolo en el equipaje o en tarjetas monedero.

La investigación culminó con la detención de 80 personas, 61 en España, 16 en Portugal y 3 en Reino Unido, con la realización de 53 registros, 24 en España, 26 en Portugal y 3 en Reino Unido.

En España, los registros se realizaron en los municipios madrileños de Parla y Fuenlabrada, en Santander y en la localidad de Benalmádena, donde se incautaron 30.000 euros, más de 50.000 dólares, 200 terminales telefónicos, ordenadores y vehículos. Todos ellos han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El número de víctimas identificadas supera las 400, pero se estima que puede llegar a haber más de mil víctimas en todo el mundo.