El objetivo de esta directiva de la OCDE, compuesta por 12 pincipios básicos, es garantizar la correcta gestión de los fondos de pensiones privados, sobre la base de la transparencia en la gestión y la garantía de responsabilidades en caso de fraude.

De hecho, se insiste también en que todos los fondos cuenten con un equipo directivo visible y controlado, que se haga cargo de la protección de los intereses de los partícipes del fondo y no pueda delegar responsabilidades o escurrir el bulto en caso de que su gestión haya perjudicado la rentabilidad de los fondo.

Para ello, la OCDE insiste en dotar a todos los fondos de "una estructura de derecho y de gobierno" que garantice que son manejados "para defender los intereses" de los partícipes y no ponen en riesgo su pensión futura.

Este organismo recuerda que, en el año 2000, los fondos de pensiones privados suponían cerca del 30% de los activos financieros de los países que forman la OCDE y suponen "un papel central" en sus mercados de capitales.

Además, el hecho de que estos planes de pensiones funconen correctamente garantizará el futuro para los mayores en muchos de los 30 países miembros, y especialmente en aquellos "con poblaciones que envejecen" rápidamente, como España.