Según informó la OCDE, estos principios directores son actualmente el único instrumento completo, apoyado por las autoridades públicas, en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas.

Formulan una serie de recomendaciones facultativas para el mundo internacional de los negocios sobre el comportamiento ético en ámbitos como los derechos humanos, la gestión responsable de la cadena de proveedores, el tratamiento de los empleados, el medio ambiente, la protección de los consumidores y la lucha contra la corrupción.

La OCDE destaca que los países que se han acogido a estos principios representan el 85% del flujo de inversión internacional y acogen a 97 de las 100 primeras empresas multinacionales del mundo.

Estos principios están siendo cada vez más utilizados para la mediación sobre problemas éticos en empresas. De hecho, señala la OCDE, ya se han recibido 106 solicitudes de mediación por parte de sindicatos, ONG y empresas.

Pero también son utilizados cada vez más por parte de los agentes públicos para interactuar con las empresas en el contexto, por ejemplo, de créditos a la exportación o garantías de inversión.