Para 1993, los expertos de este organismo estiman que el crecimiento será del 0,7 por ciento, tres décimas por debajo de la previsión del Gobierno, y que la nflación podría caer a finales de año hasta el 4,75 por cien.

Eso permitiría reducir el diferencial de inflación con la CE a a menos de un 1 por ciento y, respecto al conjunto de la OCDE, al 1,75 por cien.

La recuperación, aunque moderada, llegará en 1994, cuando un incremento del PIB del 2,3 por ciento permitirá, según la OCDE, la generación de 90.000 empleos netos. Pese a ello, estará en paro el 20 por cien de la población activa.

La OCDE advierte que incluso esta modesta recuperación estáamenazada por desconfianza de las empresas ante la situación de incertidumbre creada por la inestabilidad reciente de los mercados de cambios.

"Las empresas, y muy particularmente las multinacionales que juegan un papel en los sectores dinámicos de la economía española, podrían decidir aplazar sus decisiones de proyectos de inversión, hasta el retorno a condiciones más normales en los mercados de cambios y financieros", señala el informe.

Si se produjera ese aplazamiento de las inversiones, para as que la OCDE prevé una caída del 2,7 por cien en 1993, seguida de un aumento del 3,7 en 1994, el crecimiento del PIB y del empleo tendría que ser revisado a la baja.

Los expertos de la OCDE señalan, asimismo, que en el terreno de la inflación, "todo progreso dependerá de manera crucial de la capacidad de los interlocutores sociales en pactar aumentos moderados de los salarios nominales y de la presistencia de un débil crecimiento en los precios alimentarios".

Su previsión apunta a un incrementosalarial condicionado por la crisis, con lo que se podría situar en una media del 5,5 por ciento, casi dos puntos menos que en 1992.

No obstante, los costes laborales totales aumentarán en torno al 6,75 por cien, debido a la subida de las cotizaciones de la Seguridad Social y el traspaso de las prestaciones de incapacidad laboral transitoria.

Todo ello provocará, según la OCDE, que las empresas, para mantener su competitividad, procedan a reducir plantillas, ya que la productividad debe crecer má rápidamente que en el conjunto de la OCDE.

Los ingresos reales de las familias crecerán un 1,25 por cien, si se tienen en cuenta los efectos conjugados de la subida salarial, la caída del número de empleados y el incremento de la presión fiscal.

DEFICIT PUBLICO

Respecto al déficit público, la OCDE señala que sus previsiones son "un poco menos optimistas que las estimaciones oficiales", pero avalan la senda de mejora planteada por el Gobierno.

Sus expertos calculan que en 1992 se situó en n 4,6 por ciento del PIB, que en 1993 será del 4 por cien y que en 1994 caerá hasta el 3,75 por cien, sólo 0,75 puntos por encima del mínimo exigido por Maastricht para el 1 de enero de 1997.

En su opinión, el presupuesto del Estado de 1993 es "restrictivo", ya que prevé recortes en los gastos de casi todas las partidas, salvo las de infraestructuras y prestaciones sociales.

Esa moderación en el gasto, la escasa subida salarial aplicada a los funcionarios y el menor crecimiento de los gastos de ls autonomías, que será inferior al 9 por ciento en 1993, contribuirán a la mejora de las cuentas públicas.

La OCDE advierte que, aunque la creación de las autonomías responde sobre todo a exigencias políticas y culturales, es necesario, para que un estado así organizado no fracase, "un reforzamiento de la disciplina financiera, sin la cual será difícil desarrollar los efectos positivos a largo plazo asociados normalmente a la descentralización".

Como resumen final, los expertos de este organismo eñalan que, tras una época de crecimiento rápido, la economía española debe proceder una política de ajuste en la que el Gobierno ha de ser firme y los agentes económicos "deben aceptar los sacrivicios temporales de ingresos que se deriven de ella".

"Cuanto mayor sea la moderación de de precios y salarios, más limitados serán los costes indeseables de producción y empleo", recalca este respecto.

El éxito tanto en la aplicación de las reformas estructurales como en la reducción del déficit públicoexige, a su juicio, "la participación de los gobiernos regionales, los empresarios y los asalariados".

En este sentido, avala plenamente la tesis del Plan de Convergencia, según la cual solamente cuando los desequilibrios financieros y estructurales hayan sido corregidos, la actividad recobrará un ritmo de crecimiento rápido que permita una sensible reducción del paro.